La dictadura militar norteamericana de ocupación de 1965 - 1966

Por José Antinoe Fiallo Billini

La ocupación militar norteamericana que se iniciara el 28 de abril de 1965 es el hecho más importante que determinará, a largo plazo, la reorganización contrarrevolucionaria del Estado dominicano, y por ende, la recomposición de las fuerzas históricas que se enfrentarán a lo largo de los 20 años posteriores.

Antecedentes de la Política Armada Norteamericana

La crisis histórica de la dictadura burguesa trujillista coincide con la reestructuración del estado norteamericano, fundamentalmente de su aparato militar, en la medida en que la administración Kennedy se planteó la variación de la estrategia militar, con el objetivo de sustituir la vieja concepción de la “represalia masiva nuclear” que era el eje de la organización de la defensa y seguridad norteamericanas.

En ese orden, la administración Kennedy asumió esa reestructuración que tenía como elemento fundamental la necesidad de organizar y ejecutar estrategias militares y políticas contrainsurgentes, a fines de impedir el desarrollo de los movimientos de liberación nacional y las guerras revolucionarias.  Esto significó una combinación del desarrollismo aliancista (Alianza para el Progreso) con estrategias de “seguridad nacional”, y por tanto, un replanteamiento del papel y organización de las fuerzas convencionales, entre otras, de los ejércitos de tierra.

Bahía de Cochinos (la heroica Playa Girón de los cubanos) y Vietnam serán dos ejemplos concretos de esta política, donde el estado central dominante norteamericano comenzaba a dar, a los cuadros militares y de seguridad, una práctica más beligerante en su política a escala mundial, por un lado, y por el otro, a traspasarles la función de protectorado sobre los mandos militares de los ejércitos de los países periféricos.

Es un momento clave de la internacionalización del mando único de la contrarrevolución a escala mundial, pero, en el caso dominicano, será un proceso de mayor lentitud, en la medida en que Rafael L. Trujillo, que todavía el 29 de mayo de 1961 estaba vivo, ejercía una hegemonía absoluta sobre los mandos militares superiores dominicanos, sin ninguna mediación o asesoría absoluta exterior a los recursos propios de la dictadura trujillista.

Es el momento de su ajusticiamiento el que devela, de manera clara, la necesidad norteamericana de organizar un relevo en la dictadura de la fracción trujillista, lo que queda demostrado con la participación de los mecanismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, en el propio ajusticiamiento, y el intento, al través del general Román Fernández, de garantizar el control militar por la vía del golpe de Estado en la cúpula militar trujillista.

Como sabemos, el plan integral de relevo por la vía puchista fracasó y ello determinará un largo período de deterioro de la capacidad de la política armada de las distintas fracciones criollas de la burguesía.

Crisis de la Política Armada de la Burguesía Criolla

La crisis de hegemonía que se abre con el ajusticiamiento de Trujillo se refleja de manera inmediata en la quiebra de los servicios de seguridad, los cuales, cumplían una función supramilitar en la estructura político-militar dominicana, y en dependencia directa de la jefatura superior de la dictadura.  La crisis de los servicios de seguridad que comienza con la “disolución del SIM” (Servicio de Inteligencia Militar), expresa la pérdida de la capacidad de “rastreo” tipo radar, del estado, sobre todo, de un estado en crisis.

En ese orden de ideas, al debilitarse progresivamente esa capacidad, corresponde a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas asumir toda la política armada, incluso la preventiva y de inteligencia, con lo que traspasan a su relación con la sociedad civil, el cúmulo de contradicciones y demandas democrático-burguesas que se abren a la caída de la forma trujillista de la dictadura.

Esta crisis de la política armada de la dictadura de clase se expresa a lo largo de los años 1961, 1962 y 1963 en un proceso de profundización del deterioro de la misma.  Sobre todo porque el aparato militar comienza a fraccionarse alrededor de los sectores de la burguesía de los funcionarios trujillistas (balaguerismo), la burguesía tradicional, el boschismo y sectores del movimiento popular como el catorcismo.

En este contexto, la burguesía extranjera que se articula estrechamente a las fracciones de la burguesía tradicional con el control del Consejo de Estado, pretende rápidamente restaurar la capacidad de respuesta de la política de seguridad del estado, así como también la readecuación de las fuerzas armadas a la estrategia contrainsurgente del estado norteamericano.

Se inicia la ayuda a la Policía Nacional (“primera línea de defensa”) y se establece la asesoría de un cuerpo militar norteamericano, el conocido con las siglas de MAAG (Grupo Militar de Asesoría y Asistencia), fundamentalmente en el año 1962, proceso que corre paralelo a la presencia norteamericana en la sociedad política “civil”.  Asistimos, pues, a la instalación de la burguesía extrajera y sus cuadros civiles y militares de manera física, en la alianza de clases burguesa en el estado periférico que llamamos”dominicano”.  Ya para este año estaba aprobado el “plan de contingencia militar para República Dominicana”, es decir, la segunda ocupación militar norteamericana, plan que había sacado sus primeras garras el 19 de noviembre de 1961 con la presencia del portaaviones “Boxer” y sus cazas de combate violando el espacio aéreo dominicano y el mar territorial.

Contrainsurgencia y Estado

Cuando se realizan, pues, las elecciones de diciembre de 1962 ya estaban establecidas las respuestas estratégicas de la burguesía extranjera en el estado dominicano, las cuales eran dos, fundamentalmente.

En primer lugar, fortalecer el aparato militar y policial, a los cuales se les dotaría de mayores y mejores recursos de contrainsurgencia urbana y rural, tratando de que estos aparatos remodelados se insertaran en un proceso político desarrollista al calor de los planes ‘aliancistas’ para República Dominicana.  Los cuadros civiles, militares y de inteligencia norteamericanos se insertaban en la sociedad política para garantizar que los cuadros “criollos” pudieran librar una lucha exitosa para reestablecer la capacidad de dominio estatal.

En segundo lugar, si la fórmula de dictadura burguesa bajo “supervisión imperialista” fallaba, y el esquema se desbordaba, sustituirlo de inmediato por la ocupación militar de tropas norteamericana, vale decir, por una dictadura colonial desembozada.

Es obvio que la victoria electoral de Juan Bosch profundizó la dispersión del poder estatal, aunque ello se realizó bajo el contexto de la plataforma reformista de la “Alianza para el Progreso”.  Sin embargo, la operatividad cotidiana de la dictadura de clase bajo la administración de Bosch, no podía garantizar la plena articulación de los cuadros militares y civiles norteamericanos al proyecto desarrollista.  Aunque el boschismo siempre fue adicto a un discurso anticomunista, acudía también a elementos democrático- burgueses clásicos que chocaban, abiertamente, con las limitaciones propias del discurso y la práctica de la estrategia de seguridad nacional.

Ello escindió, definitivamente, la capacidad estatal, y profundizó la crisis en la sociedad política, decidiendo la burguesía extranjera y su estado, redefinir la alianza con el boschismo e implantar una forma de dictadura más acorde con su estrategia a escala regional y mundial, articulando de manera más estrecha sus cuadros militares de asesoría con los mandos criollos de las fuerzas armadas y policiales , así como una jefatura en la sociedad política leal por su vinculación orgánica (Donald Read Cabral y el Gobierno del Triunvirato).

El golpe de Estado de 1963 y el régimen del Triunvirato son las dos caras de una misma moneda, como intento a fondo de que una dictadura neocolonial “criolla” cumpliera la función histórica de reordenar la capacidad estatal burguesa, sin cumplir con demandas democrático-nacionales que dificultaran la estrategia norteamericana.

Sin embargo, el régimen del Triunvirato adolecía de las mismas debilidades que el Consejo de Estado, en cuanto era una expresión de la relación corporativa puchista de la burguesía tradicional, sin ninguna potencialidad en la sociedad civil, y por sobre todo, sin la experiencia de lucha y práctica de la burguesía tradicional en la lucha de clases muy contradictoria y heterogénea.  El “estado mayor criollo” de la dictadura neocolonial no era una mediación eficiente para garantizar la inserción de la formación periférica, tanto a los esquemas reformistas de la Alianza, como además, a la estrategia contrainsurgente del Pentágono.

La política armada del Estado no podía ser homogénea y coherente, porque los aparatos estatales se habían escindido y las fuerzas armadas habían sido tocadas por la crisis de hegemonía en su variante más aguda:  la incapacidad para sostener el monopolio de la violencia en una fracción de la clase o en una alianza de clases.  Los cuadros militares criollos se fraccionan entre la burguesía tradicional-burguesía extranjera, la burguesía trujillista y el proyecto emergente reformista del boschismo y las capas medias militares.

Insurrección e Intervención: Las Lecciones de la Historia

Este fraccionamiento produce el golpe de Estado del 24 de abril de 1965 dirigido por la oficialidad “constitucionalista” y el contragolpe militar de los sectores oficialistas, movimiento pendular que pretende ser congelado al plantearse una Junta Cívico-Militar cuyo objetivo era negociar en las Fuerzas Armadas las contradicciones históricas de la lucha por el poder, organizando un momento o coyuntura de transición que atajara las demandas democrático-burguesas populares.  Sin embargo no era posible esa alianza de transición en el interior del aparato armado, que ya había sido roto por las fuerzas sociales históricas de relevo al trujillismo.

No es casual, pues, que comenzaran a constituirse órganos de poder político-militar diferenciados, como la Junta Militar de San Isidro o los Comandos Constitucionalistas y el Gobierno de Armas del Coronel Francisco Caamaño.  Dos vías diferentes de superación de la contradicción fundamental, con dos dinámicas distintas.

La primera, constituida por los cuadros armados de la oficialidad comprometida con el esquema de dictadura contrainsurgente del estado norteamericano, y la segunda, en la cresta de la ola histórica que exigía la constitución del pueblo-nación, en un estado democrático-popular, en una dictadura revolucionaria en armas, cuyo corazón político lo constituían los cuadros políticos militares de izquierda y la oficialidad democrática de las fuerzas armadas “constitucionalistas”.

Si bien es cierto que la segunda arrastraba consigo limitaciones históricas que no es el caso tratar en este trabajo, la primera no podía por sus limitaciones de inserción en la sociedad civil, definir por su propia dinámica estratégica e histórica el desenlace de la confrontación ya que el alma del estado neocolonial estaba en su peor crisis histórica.  Es por ello, que, los cuadros civiles y militares norteamericanos integrantes de la alianza contrainsurgente, deciden a corto plazo, sustituir ese aparato en crisis, por una ocupación  militar masiva de las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados Unidos, implantando al estado norteamericano como eje de la reorganización política de la formación periférica.

La dictadura militar neocolonial “criolla” de baja participación física de cuadros de la burguesía extranjera es sustituida por la dictadura militar del estado norteamericano, “encabezada” en nuestra formación social por el personal político de la embajada norteamericana, el personal de inteligencia superior y en mando militar de las tropas de ocupación.  Los cuadros “criollos”, pasan inmediatamente a una condición subalterna en la ejecución del viejo “Plan de Contingencia de 1961” que hoy se hacía realidad.

La dictadura militar de ocupación se complejiza, en la medida en que, de manera progresiva se reorganiza el aparato “criollo” desvertebrado por la insurrección, como complemento de toda la infraestructura militar y de seguridad.  En tal sentido la Junta de Reconstrucción Nacional no es más que una cobertura político-jurídica, lo mismo que la Fuerza “Interamericana” de Paz (FIP) en el plano internacional, de forma tal que el estado norteamericano no apareciera como tácticamente lo era, el actor y ejecutor de un crimen de estado contra el pueblo dominicano, contra la nación en armas.

El 28 de abril de 1965 es, pues, el inicio de la instalación de una forma de estado de excepción en una formación social “dominicana”.  Este estado de excepción fue una dictadura del estado norteamericano encabezada en su primer momento por el mando militar de ocupación y los funcionarios y cuadros civiles y de inteligencia, en cuya cúspide estaba el presidente de los Estados Unidos, Lindon B. Johnson.

Cualesquiera otra crisis histórica del estado “dominicano” volverá a colocar en la cúspide del estado de excepción correspondiente al Presidente de los Estados Unidos, no importa su nombre o filiación y eso no debe olvidarlo nadie, de buena o mala fe, porque el ascenso del pueblo nación está signado por la confrontación antiimperialista, confrontación, que pasa, como en abril de 1965 por la lucha diferenciada por un estado popular, democrático, donde la burguesía, como comunidad de los privilegiados no tiene asiento y poder.


El Nuevo Diario
29 de Abril de 1986
Págs. 13 y 31.
Santo Domingo